Bienvenida

Medio Ambiente y Sociedad, A.C.(MAS), es una Organización surgida de la Sociedad Civil de Baja California Sur, México; apartidista y sin fines de lucro, pues desde su creación, en el año 2009, trabajamos con nuestros recursos personales y únicamente aceptamos donativos en especie o el pago directo del donante al proveedor para impresión de folletos, posters, volantes, lonas, pintura para murales, realización de vídeos, etc.; así como apoyo en hospedaje y pasaje para asistir a otras entidades a dar conferencias, participar en congresos, talleres, etc., o para traer docentes e investigadores a efectuar dichas actividades en BCS.

MAS está integrada por expertos en las diversas áreas relacionadas con el Medio Ambiente y la Salud, aunados a estudiantes y ciudadanos de diversos sectores; con el objetivo prioritario de impedir los mega proyectos de minería, tanto terrestre como submarina, que usa y desecha tóxicos; así como otros proyectos que pudiesen causar un significativo daño ambiental a nuestro cuasi prístino estado, como es el caso de la pretendida introducción de cultivos transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados) y el proceso de fracturación del subsuelo (Fracking) para la extracción de gas, con la consiguiente contaminación de los acuíferos. Y por supuesto, dado que el AGUA es uno de los ejes de este movimiento ciudadano, participamos en la defensa de nuestro derecho humano y constitucional al agua, apoyando la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, y oponiéndonos a que se apruebe la injusta iniciativa pro-empresarial conocida como “Ley Korenfeld”, debido a que fue propuesta por el director de la Conagua.

Somos miembros de organizaciones nacionales como la REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería), la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida; y tenemos relaciones con organizaciones internacionales como MiningWatch Canada, EarthWorks, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4),etc. A nivel estatal, somos integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de BCS (FRECIUDAV), que agrupa a diversas organizaciones ciudadanas de BCS, entre ellas: Colegio de Médicos de BCS, Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios, Club de Leones, Asociación Ganadera, Asociación de Fruticultores, QUAAYAIP, SOS, OCAS, Conciencia, Cemda, Agua Vale Más que Oro, CNTE, En Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable, etc.; todos unidos en el objetivo común de preservar y mejorar nuestra calidad de vida, coordinando esfuerzos para lograr que se modifiquen las Leyes Nacionales, Estatales y Municipales, así como los Planes y Programas de Ordenamiento Ecológico, con la finalidad de proteger a nuestro país y, especialmente, a nuestro estado, de los proyectos nocivos que ocasionarían graves impactos ambientales, económicos y sociales.

Es importante señalar que ni MAS ni el FRECIUDAV estamos en contra del desarrollo y tampoco somos opositores de la agricultura convencional y sustentable, ni de la minería per se. Sin embargo, nos oponemos a la introducción de cultivos genéticamente modificados (GM), porque existen investigaciones que ponen en tela de juicio su inocuidad sobre los humanos y los animales. Asimismo, no aceptamos los megaproyectos de minería ni de fracking, que además de usar y desechar enormes cantidades de sustancias tóxicas, pretenden establecerse sobre áreas naturales protegidas, sobre los acuíferos y sus áreas de recarga y/o en sitios donde pueden causar un gran daño ambiental que a mediano y largo plazo tendrían un costo demasiado elevado, no solo en el área geobiofísica si no también en el área socioeconómica, debido a que sus impactos negativos sobre flora, fauna, aire, suelo y AGUA, entre otros, afectarían a las demás actividades productivas(turismo, agricultura, ganadería, pesca, servicios, etc.), que son fuente de miles de empleos permanentes, a diferencia de esos megaproyectos mineros que solo generan de 40 a 200 empleos temporales.

Adicionalmente, es de trascendental importancia advertir que estos proyectos también impactarían negativamente la salud de la población y, por ende, nuestra calidad de vida; además de hipotecar la salud y calidad de vida de las futuras generaciones.

Por ello, conscientes de que el conocimiento y la educación son la base para fortalecer la conciencia ciudadana, los integrantes de MAS y el FRECIUDAV hemos decidido participar activamente en la divulgación y educación ambiental de la población Sudcaliforniana, para que puedan contar con elementos suficientes que les permitan discernir y decidir qué tipo de desarrollo ambiental, social y económico desean para nuestra media península.

México S.A.

El excelente analista y periodista Carlos Fernández-Vega nos ha autorizado para que publiquemos sus documentados artículos escritos en el periódico "La Jornada" sobre la Mega Minería en México, en donde pone en evidencia la extensa red de corrupción entre los funcionarios apátridas que están regalando la riqueza de nuestro país mediante concesiones que solo le dan ventaja a los corruptos que se enriquecen mediante las oscuras transacciones.


México SA

Lunes 27 de junio de 2011

BCS: historias del saqueo minero

A canadienses, la mina El Boleo

Tiendas de raya y salarios de hambre

Carlos Fernández-Vega

A punto de cumplir dos décadas, las modificaciones a la ley minera cumplieron cabalmente con su objetivo: mediante generosas concesiones gubernamentales, los empresarios autóctonos y foráneos dedicados a explotar la riqueza nacional en esta actividad han incrementado sus fortunas de forma exponencial, mientras el país y sus habitantes nada reciben a cambio, salvo el saqueo permanente de las cerca de 25 millones de hectáreas concesionadas en esos 20 años, hasta ahora.

En efecto, en 1992 Salinas de Gortari modificó la ley minera y comenzaron las concesiones al capital privado. En 1993 desapareció el tope a la participación extranjera en este sector estratégico (justo antes de la entrada en vigor del TLCAN). En 1996 Zedillo metió el acelerador hasta el fondo, Fox hizo lo propio (2005) y todos, Calderón incluido, entregaron, entregan, concesiones sin ton ni son al capital privado (nacional y foráneo), garantizando el paraíso. Este grupo eliminó impuestos a la actividad minera, autorizó pagos simbólicos por hectárea explotada, redujo a su mínima expresión las normas aplicables a los empresarios concesionados y ha permitido todo tipo de violación a la legislación laboral, fiscal y medio ambiental.

Sirva lo anterior para entender el alcance del nuevo proyecto minero de la canadiense Baja Mining Corporation, empresa que obtuvo una concesión del gobierno calderonista para explotar la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. El colega Tulio Ortiz Uribe, editor de la revista La Tijereta, que circula en dicho estado de la República, documentó el caso y lo comparte con México SA, en una historia que se repite.

Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo, donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las trasnacionales. Baja Mining invertirá mil 300 millones de dólares, pero obtendrá 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma. El consorcio promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida.

Pero en el gobierno federal alguien miente. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari (quien el pasado 16 de junio dio el banderazo de salida), los mineros mexicanos tienen un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional. Sin embargo la Secretaría del Trabajo documenta que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista; es decir, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad que un empleado de comercio.

Ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. Hoy con Baja Mining: exención de todos los impuestos federales y locales por 20 años; cero impuestos durante 50 años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo, sin costo para los inversionistas, que, gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.

Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; 6 por ciento es analfabeta; 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; 20 por ciento no cuenta con agua potable; 22 por ciento sin drenaje; 42 por ciento no tienen lavadora y 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios como máximo). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad.

Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición. Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto de Baja Mining (un consorcio canadiense-coreano-japonés): excelente apoyo federal, estatal y local, y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar. No podía ser de otra forma, con el excelente apoyo que reciben de las autoridades.

La ley respectiva establece: “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada (…): durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 8 centavos por hectárea… del décimo en adelante 111 pesos”. Una ganga si se piensa en las 50 mil toneladas de cobre que Baja Mining obtendrá anualmente, con la perspectiva de que el precio internacional del cobre aumente 49 por ciento anual.

A principios del siglo pasado, El Boleo llegó a aportar 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa. Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Con las nuevas tecnologías, en 20 años de El Boleo extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil de cobalto y 500 mil de sulfato de zinc. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra, concluye Tulio Ortiz.

Las rebanadas del pastel

Como diría Eduardo Galeano: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar, y otros en perder.

México SA

Martes 28 de junio de 2011

Minería: saqueo institucionalizado

¿Dominio directo de la nación?

Trasnacionales: 40 centavos por dólar

Carlos Fernández-Vega

Nada mal camina el negocio, sobre todo cuando se recuerda que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación, como lo establece la Constitución de la República: de cada dólar de producción minera en México, 40 centavos terminan en las alforjas de empresas trasnacionales concesionadas por el gobierno federal, especialmente canadienses. Así de sencillo: de los cerca de 10 mil millones de dólares en ventas (dato de 2009, año de la crisis) que oficialmente generó la minería en el país, alrededor de 4 mil millones de billetes verdes fueron a parar a los balances financieros de dichos consorcios foráneos, es decir, la misma cantidad que invirtieron ese año, pero para hacer negocio durante cuando menos dos décadas.

Se trata del boyante negocio de la minería en México (con ingresos majestuosos para los empresarios concesionados, salarios de hambre para los trabajadores y aire para las arcas públicas), que desde hace 20 años pasó del Estado a manos privadas, vía generosas concesiones (paraíso fiscal incluido), por decisión de los gobiernos neoliberales que sin rubor alguno se han pasado la Constitución por el arco del triunfo. A cambio, por cada una de las más de 25 millones de hectáreas concesionadas en dicho periodo para tal fin, semestralmente el erario recibe entre 5.08 y 111 pesos (tarifas 2011), cuando pagan.

En la entrega de ayer se documentó el espeluznante caso de la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. Alguien podría suponer que esa es la excepción, pero no: es la regla, por mucho que el secretario de Economía, Bruno Ferrari (titular de la dependencia que expide las concesiones respectivas) asegure que en México “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país… debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”.

De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, la inversión extranjera directa en este sector durante el sexenio calderonista (2007-2012) ascendería a 22 mil millones de dólares, de los que 13 mil millones se invertirían entre 2010 y 2012. El 75 por ciento de ese capital corresponde a consorcios canadienses (que se quedan con la gran tajada), y 15 por ciento a estadunidenses. Lo mejor del caso es que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación.

El citado Bruno Ferrari también asegura que los mineros mexicanos tienen un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional. Si fue chiste, resulta bastante malo, pero peor aún es el panorama salarial para los trabajadores: de acuerdo con la estadística del Inegi, en 1998 la remuneración nominal promedio (salarios y sueldos, siendo éstos mucho mayores que los primeros) en el sector fue de 148.6 pesos; en 2008 ascendió a 231.17 pesos, un incremento de 55.56 por ciento en el periodo, es decir, la mitad del crecimiento inflacionario en igual lapso (108.22 por ciento, con información del Banco de México). De cualquier suerte, con 231.17 pesos a nadie le alcanza para vivir, salvo a Ernesto Cordero.

Lo anterior se compara con los felices resultados para las empresas mineras (nacionales y foráneas) concesionadas por el gobierno federal: entre 1998 y 2008 el número de unidades económicas censadas apenas creció 1.45 por ciento, pero su producción bruta total se incrementó 175 por ciento, sus activos fijos netos 385 por ciento y sus ingresos 165 por ciento. Pero más allá de las tarifas de mentiritas que dice el gobierno que les cobra, su ganancia también se ha fortalecido por otra parte: en igual lapso, el número de trabajadores a su servicio sólo avanzó 11.6 por ciento, de tal suerte que con un salario real cada día menor, las cargas de trabajo se han incrementado brutalmente.

Ese es el resultado concreto de la gerencia instalada en Los Pinos, o si se prefiere el sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país (Ferrari dixit), aunque justo es mencionar que en todo esto el Poder Legislativo no está libre de responsabilidad. No sólo aprobó las modificaciones (un giro de 180 grados) a leyes secundarias para que el dominio directo de la nación en materia minera simplemente quedara en el papel, sino que el tema es de su interés (por llamarle de alguna forma) sólo cuando le es políticamente útil. Para lo demás, el business es el business.

Justo en 2009, cuando las empresas mineras que operan en México obtuvieron los citados 10 mil millones de dólares, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de ley, que en su parte medular proponía el cobro de un derecho por el 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que los consorcios nacionales y foráneos nada pagan por la enorme riqueza puesta a su disposición por los generosos gobiernos neoliberales.

Uno de los elementos que sustentó tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.

Ante tal propuesta, rápidamente la oligarquía minera soltó a sus cabilderos –la propia Secretaría de Economía, entre ellos– para que tal iniciativa no pasara de ser leída ante el pleno. Directamente se envió al bote de la basura, y a cambio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 quedó claro que por concepto de regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, el erario recibiría cero peso, cero centavos, y que las tarifas por hectárea serían de 5.08 pesos (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima). Para 2011, la misma ley, aprobada por el Legislativo, ratificó la decisión. El saqueo, pues, institucionalizado.


México SA

Miércoles 29 de junio de 2011

¿Do está el oro que guardáis?

Canadá, la gran tajada minera

Consorcios ricos, erario pobre

Carlos Fernández-Vega

En futurista interrogatorio registrado cinco siglos atrás, Hernán Cortés preguntó a Cuauhtémoc: ¿qué habéis hecho con el oro que estaba guardado en México; do está el oro que guardáis?, y el último tlatoani mexica, que no estaba precisamente en un lecho de rosas, contestó: se lo llevarán los canadienses en pleno siglo XXI, tras graciosas cuan abundantes concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal, especialmente de sello blanquiazul; así que no jodáis, capitán general de la Nueva España, que ustedes ya nos saquearon y nos volverán a saquear, pues, mediante Malinches neoliberales, se quedarán con la gran tajada del negocio bancario, el gas natural, la generación eléctrica y las obras públicas, entre otros tantos tesoros, mientras los hijos de la hoja de maple acapararán el áureo metal que tanto buscáis.

Y el último tlatoani mexica tenía razón: cinco siglos después de su nada grata entrevista con el capitán general de la Nueva España, las mineras canadienses acaparan el oro mexicano, y se estima que 30 centavos de cada dólar que genera la industria sectorial en el país van a parar a los bolsillos de dichos consorcios (en total, 3 mil millones de dólares en 2009 y 4 mil 500 millones en 2010, aproximadamente). A cambio, el erario mexicano obtiene, cuando está de suerte, entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada.

Semanas atrás La Jornada (Susana González) informó que en la década de gobiernos panistas, del subsuelo mexicano se extrajeron alrededor de 354 toneladas de oro, más del triple de las que recientemente adquirió el Banco de México para fortalecer e incrementar las reservas internacionales del país, y precisó que la producción nacional de oro aumentó 180 por ciento, al pasar de 22.9 a 64.2 toneladas anuales entre 2001 y 2010, la mayor parte de ellas exportadas en polvo, lingotes u onzas troy, principalmente a Estados Unidos, Canadá y Suiza, según información del Inegi, la Coordinación General de Minas de la Secretaría de Economía, el Banco de México y el Servicio Geológico Mexicano.

En el mismo sentido, el oro representa el principal sustento del auge que, según las autoridades, ha experimentado la industria minera en los últimos años y que se ha caracterizado tanto por el aumento de empresas extranjeras en el sector, encabezadas por las de Canadá, como porque subieron las exportaciones de metales preciosos, cuya cotización se disparó en la crisis financiera. A nivel mundial, México ocupa el lugar número 12 en la producción mundial de oro, pero los registros de la Secretaría de Economía indican que las grandes empresas acaparan 94.49 por ciento de la producción nacional; 5.29 por ciento se reparte entre medianas compañías, y sólo 0.22 por ciento corresponde a pequeñas mineras.

De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en cuestiones de oro el panorama es el siguiente: la empresa canadiense Goldcorp Inc se consolidó como la mayor productora de oro en México. En febrero de 2010 comenzó la operación comercial de la mina Peñasquito, ubicada en el estado de Zacatecas, y el programa de operación para 2011 considera producir 350 mil onzas de ese metal al 100 por ciento de su capacidad, y será la mina más grande de oro en el país. En tanto, Los Filos, localizada en el estado de Guerrero, resultó la mina más grande de oro en México en 2010.

La empresa canadiense Agnico Eagle Mines Ltd, operadora de la mina Pinos Altos ubicada en el estado de Chihuahua, reporta una producción de 131 mil 97 onzas de oro (4.1 toneladas). En diciembre de 2010 se fundió la primera barra dore proveniente del depósito satélite Crestón Mascota, el cual deberá alcanzar su nivel de producción comercial durante el segundo trimestre de 2011, año en que la empresa estima una producción total de oro (incluyendo Crestón Mascota) de 199 mil onzas de oro y 2.2 millones de onzas de plata.

La compañía canadiense Gammon Gold Inc informó que en 2010 su mina Ocampo, localizada en Chihuahua, alcanzó una producción de 103 mil 200 onzas de oro (3.2 toneladas), lo que refleja una disminución de 5 por ciento con respecto a lo obtenido en 2009. En junio 17, la empresa anunció la suspensión indefinida de operaciones en su mina El Cubo, ubicada en Guanajuato, debido al paro injustificado de actividades por parte de los trabajadores sindicalizados. El problema laboral mantuvo cerrada a esta importante unidad minera durante ocho meses de 2010.

La empresa canadiense Alamos Gold Inc en su mina Mulatos, localizada en el estado de Sonora, produjo 156 mil onzas de oro (4.8 toneladas), 12.6 por ciento por debajo de la producción de 2009. Este decremento se debió a las inusuales y extraordinarias lluvias que se presentaron durante el segundo y tercer trimestre del año en la región.

La firma canadiense Argonaut Gold Inc produjo en su mina El Castillo, localizada en Durango, 51 mil 324 onzas de oro (1.59 toneladas), lo que representó un incremento de 78 por ciento con respecto a las 28 mil 768 onzas producidas en 2009. También canadiense, el consorcio New Gold Inc, operadora de la mina de oro y plata en cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, incrementó su producción de oro 24.2 por ciento con respecto a lo obtenido en 2009. La extracción total en 2010 sumó 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas).

Minefinders Corp. Ltd., empresa canadiense operadora de la mina de oro y plata Dolores en Chihuahua, alcanzó una producción total de 56 mil 110 onzas de oro, monto significativamente menor a las 77 mil 300 onzas extraídas en 2009. De la misma nacionalidad, en agosto de 2010 Primero Mining Corp adquirió de Goldcorp Inc. (también del país de la hoja de maple) la unidad minera Tayoltita, localizada en Durango. De agosto a diciembre se produjeron 31 mil 600 onzas de oro. La producción total de la mina se redujo en 24.7 por ciento en relación a lo obtenido el año previo.

Nuevos proyectos de oro: la empresa canadiense Yamana Gold Inc continúa con la construcción y preparación de la mina de oro y plata Mercedes, localizada en el norte de Sonora. El comienzo de operaciones se tiene programado para 2012, debiendo producir 125 mil onzas de oro equivalente. A partir de 2011, Timmins Gold Corp, de la misma nacionalidad, planea producir 100 mil onzas anuales de oro en su mina San Francisco, de Sonora. Además, los trabajos de exploración de la citada Goldcorp Inc en los proyectos satélite de Camino Rojo en Zacatecas continuaron avanzando. Y van por más.

Las rebanadas del pastel

Ya se sabe, pues, do está el oro. Y falta la también creciente participación canadiense en plata y otros minerales mexicanos…

México SA

Jueves 30 de junio de 2011

Minería: espeluznante actualización

A empresas, 26% del territorio nacional

Para los consorcios, 51 millones de hectáreas

Carlos Fernández-Vega

La información actualizada sobre el saqueo minero en México resulta espeluznante: las hectáreas concesionadas por el gobierno federal para tal fin no suman 25 millones (cifra correcta al cierre del sexenio foxista), sino 51 millones, pues durante el calderonato (26 millones de hectáreas cedidas en cuatro años, hasta 2010) ese tipo de cortesías al capital privado se duplicó, de tal suerte que en las dos administraciones panistas alrededor de 26 por ciento del territorio nacional fue entregado a consorcios mineros para su único beneficio.

Un dato revela la dimensión del paradisíaco negocio que el gobierno federal garantiza al capital privado, y el descarado atraco para la República: sólo en 2010, el calderonato concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera, por las que el erario habría recibido (en el mejor de los casos, y utilizando un promedio tarifario) alrededor de 20 millones de dólares. En cambio, ese año los consorcios beneficiados (nacionales y foráneos) ingresaron a sus arcas poco más de 15 mil millones de billetes verdes (50 por ciento más que en 2009), una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos. Lo bueno es que la Constitución establece que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación.

La información actualizada sobre el número de hectáreas entregadas al capital privado minero proviene de un detallado análisis (El mineral o la vida; la legislación minera en México, abril, 2011), realizado por Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, dos destacados académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quienes lo comparten con México SA. En él se documenta, por ejemplo, que durante el gobierno de Vicente Fox se concesionaron poco más de 25 millones de hectáreas (promedio anual: 4.2 millones) para los fines citados; en cuatro de años de calderonato se otorgaron casi 26 millones de hectáreas (promedio anual: 6.4 millones), de tal suerte que entre ambos entregaron alrededor de 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, algo así como 26 por ciento del territorio continental mexicano.

López Bárcenas y Eslava Galicia señalan que la minería es una industria floreciente en México. Su incidencia en la economía nacional comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional (1992, Carlos Salinas de Gortari) y la firma del TLCAN, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación respectiva, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro.

Dicha actividad se regula por diversas leyes, pero la central es la Ley Minera. En ella, el carácter de la actividad minera se aparta de los fines establecidos en la Constitución, como aprovechar los recursos naturales para conseguir el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Contrario a estos fines, la Ley Minera declara la actividad como de utilidad, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales. Por si fuera poco, a partir de 2006 la concesión minera es única, es decir, no es posible diferenciar entre la otorgada para la exploración y la autorizada para explotación.

Pero no sólo se pueden explotar los minerales enunciados expresamente en la ley sino también otros que determine el Ejecutivo federal, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, indican los académicos. “Se trata de una disposición demasiado abierta que otorga facultades al presidente de la República para que declare, por la vía de un decreto administrativo, es decir, sin pasar por el Congreso de la Unión y por lo mismo sin tener carácter de ley, como minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos, o cualquier sustancia que en el futuro pueda ser comercializable en el mercado internacional… Si esta situación llegara a presentarse tendríamos un grupo de disposiciones legales y otro de disposiciones reglamentarias que enunciarían las sustancias reguladas en la ley minera, lo cual no tiene más objetivo que evitar su discusión por el Poder Legislativo si se aumentan o no las sustancias sobre las cuales el Estado puede otorgar concesiones para su aprovechamiento a los particulares. En otras palabras, sería un reglamento el que regulara una disposición constitucional”.

No acaba allí el paraíso: la norma aplicable “prevé que si las sustancias que llegaran a catalogarse como minerales ya se estuvieran explotando por particulares, éstos tendrían el derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, para lo cual bastaría que lo solicitaran y reunieran los requisitos que la ley exige para otorgarlas. Otras personas que no estuvieran explotándolas y tuvieran interés en hacerlo quedarían excluidas, situación que podría dar lugar a la concentración de las concesiones en unas cuantas empresas.

Entre los minerales que tienen una fuerte importancia en la industria y que es probable que se comiencen a explotar en los próximos años se encuentra el berilio (que se emplea en diversas aplicaciones, como la fabricación de computadoras, sensores, aviones, misiles, satélites y hasta en cabezas nucleares); el indio (interruptores cerámicos de los celulares y junto con el tantalio –bajo la forma de compuesto bario-zinc-óxido de tantalio– son componentes claves de las estaciones de las redes telefónicas de celulares; el indio, en el compuesto indio-galio-arsénico, también se usa para fabricar displays de cristal líquido o pantallas planas; el galio en circuitos integrados, junto con cadmio, selenio, telurio e indio, en la industria de las celdas fotovoltaicas); el germanio (fibra óptica, radares y electrónicos); el platino (lo mismo se emplea en convertidores catalíticos de automóviles, que en fabricación de circuitos integrados, electrónicos, capacitadores o monitores de cristal líquido), y el titanio (clave en la construcción de los arcos estructurales y sistemas de propulsión de los aviones y el dióxido de titanio de alta pureza, básico para el corazón dieléctrico de los teléfonos).


México SA

Martes 5 de julio de 2011

Otra de trasnacionales mineras

De Paredones Amarillos a Concordia

Carlos Fernández-Vega

En febrero de 2010 los ciudadanos organizados, y movilizados, de Baja California Sur lograron detener uno de los proyectos mineros más contaminantes de la República: Paredones Amarillos, perteneciente (vía generosa concesión del gobierno federal, el gran facilitador de negocios privados con bienes públicos) a la trasnacional canadiense Vista Gold (con siete concesiones adicionales en el mismo estado para la explotación aurífera en la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna). Tan obvio resultaba el deterioro ambiental que produciría el proyecto, que hasta la Semarnat se manifestó en contra, y desechó el trámite de cambio de uso de suelo forestal solicitado por el referido consorcio para iniciar la producción, no sin resaltar que incumplió los requisitos de ley.

El caso, pues, aparentemente quedó cerrado tras la negativa de la autoridad ambiental. Pero ¡oh sorpresa!, la trasnacional canadiense, conocedora de cómo se manejan las cosas y los negocios en este país, procedió como se debe: simple y llanamente le cambió de nombre al citado proyecto: ya no se denomina Paredones Amarillos (como se conocía hasta febrero del año pasado), sino Minera Concordia (a partir de septiembre del mismo año), y con los apoyos políticos necesarios, Vista Gold va por la revancha. Y como si nada hubiera pasado, ni la Semarnat se hubiera pronunciado, el consorcio canadiense anuncia como novedad que estamos en espera de la resolución y emisión de los permisos de cambio de uso del suelo forestal y un número de permisos menores necesarios para comenzar la construcción; una vez que todos los permisos se reciban, prevemos un aproximado de 18 meses para comenzar la explotación aurífera en lo que antes se conoció como Paredones Amarillos. Es decir, están en espera de lo que les fue negado casi 16 meses atrás.

Por lo anterior, los ciudadanos organizados y movilizados de Baja California Sur tendrán que reiniciar la batalla en contra de la trasnacional y del gobierno federal. Para que no se olvide de qué se trata, la organización Medio Ambiente y Sociedad, con sede en dicha entidad y presidida por Juan Angel Trasviña Aguilar, recuerda de qué se trata: los personeros de Vista Gold aseguran que el suyo es un proyecto sustentable, pero la mega minería sustentable no existe y para ello tenemos que considerar los enormes daños ambientales y sociales causados en diversos países: ecosistemas degradados, desechos tóxicos mal contenidos y/o tratados, importante emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero, tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonios históricos destruidos, comunidades enfermas y empobrecidas, etcétera.

Además, si no se quieren reconocer todas las evidencias existentes, entonces hay que hacerlo por la aplicación del principio precautorio que sostiene que habiendo dudas razonables y falta de evidencia científica, es obligatorio asumir medidas de protección de la naturaleza y la vida humana. “Como lo expresó el ministro del Ambiente de Ecuador: ‘si tenemos el riesgo de equivocarnos, mejor equivocarnos por el lado de la protección y no por el lado de la destrucción’”.

La trasnacional canadiense promete que el agua requerida en Concordia (antes Paredones Amarillos) provendrá de una desaladora y posteriormente se la donarán a El Triunfo, El Rosario y Todos Santos, pero ¿qué hará con la gran cantidad de agua que de manera natural surgiría en ese inmenso hoyo? La ley minera los autoriza a utilizar esa agua, sin pedir permiso a ningún propietario, ejido o institución. No suena muy creíble que vayan a usar agua desalada, que tiene un alto costo por metro cúbico, en vez de esa agua gratuita. Es evidente que la desaladora es sólo una simulación para tratar de justificar su proyecto. Tendría que explicar a los habitantes de esas poblaciones cuál es el costo real de desalar y bombear agua hasta la sierra, para que ellos estimen si van a poder pagarlo. También debería decirles que la vida útil de esos equipos difícilmente supera los 10 años, aunque Vista Gold, en su manifestación de impacto ambiental, dice que durarán 15 años”.

De igual forma, la trasnacional asegura que en el proceso productivo no va a existir contacto del agua con los sistemas naturales de la región y el recurso será reciclado a través de un circuito cerrado. Sin embargo, Medio Ambiente y Sociedad advierte: ¿Cómo evitarían que el agua que se infiltre al socavón, entre en contacto con el arsénico y los metales pesados que se van a liberar conforme vayan rompiendo las rocas con la explosiones diarias? ¿Podrían obturar las miles de fisuras por donde el agua ha fluido continuamente desde hace millones de años? Evidentemente no. Es imposible que se recicle toda el agua y todo el cianuro de la presa de jales. Hasta la fecha no se conoce ningún megaproyecto minero en el mundo que haya alcanzado un verdadero circuito cerrado”.

La organización civil no cree que la minera canadiense desconozca que el agua con cianuro que se recircula varias veces dentro de los procesos metalúrgicos se va saturando en sales, arsénico y metales pesados, perdiendo su eficiencia para la disolución del oro, por lo que ya no puede ser reutilizada y tiene que salir del sistema cerrado, desechándose al medio ambiente (mar y/o sierra). Así, en diez años al menos 27 millones de metros cúbicos de agua desalada entrarían en el sistema natural de la sierra, pero al final llevarían disueltas grandes cantidades de arsénico, cianuro y metales pesados, muy por arriba de cualquier NOM y van a contaminar las aguas de la sierra y los acuíferos circundantes, así como el mar, directa o indirectamente.

Vista Gold trata de justificar su proyecto altamente contaminante, cuando asegura que la minería es uno de los principales rubros económicos de BCS. Sin embargo, Medio Ambiente y Sociedad precisa: el hecho de que unas cuantas personas de San Antonio y El Triunfo trabajen como gambusinos, procesando los terreros extraídos por la minería antigua, no nos convierte en un estado minero. Además, ya sabemos cómo les fue a esos pueblos cuando se dedicaron de lleno a la minería: están en la miseria. Es falso que la minería sea uno de los principales rubros económicos del estado: sólo representa 4.2 por ciento del PIB local. En realidad somos un estado turístico: 55 por ciento del PIB proviene de esa actividad.

Pero a Vista Gold y sus amigos en el gobierno les vale. Demasiado oro involucrado como para atender la queja ciudadana y respetar la ley.

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